Oleada de pagos irregulares del PSOE y PNV en la Diputación de Vizcaya: 37 millones en 5 años

La Diputación de Vizcaya, gobernada en coalición por el PNV y el PSE-PSOE, acumuló en cinco años al menos 52 pagos irregulares por contratos, que sumaron 37 millones de euros y de los que se beneficiaron un nutrido grupo de adjudicadores. Así aparece en informes oficiales de fiscalización recopilados por OKDIARIO, en los que se detallan múltiples anomalías: desde prórrogas improcedentes de contratos ya caducados a licitaciones realizadas por procedimientos no ajustados a la ley, pasando por el incumplimiento de los elementales principios de publicidad y concurrencia o la adjudicación realizada por órganos no habilitados para ello.

Socialistas y nacionalistas vascos llevan varias legislaturas gobernando en coalición en esta corporación foral, en paralelo a los pactos del PNV con el sanchismo desde que decidió apoyarle con la moción de censura que instaló a Pedro Sánchez en La Moncloa el 1 de junio de 2018. En el caso de la diputación de Vizcaya, esta alianza la revalidaron el pasado 5 de julio, con la constitución del nuevo Ejecutivo foral salido de las elecciones forales que tuvieron lugar el pasado 28 de mayo, coincidiendo con los comicios municipales que se celebraron en toda España.

En la legislatura 2015-2019, y en la pasada 2019-2023, la coalición PNV-PSOE tuvo como presidente de la institución –diputado general, en su denominación oficial– al peneuvista Unai Rementeria. Las irregularidades afloradas en esos al menos 42 contratos se produjeron precisamente durante sus mandatos, según informes del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas.

En la gestión de 2016, se dio con al menos ocho expedientes anómalos. Por ejemplo, uno de los organismos dependientes de la Diputación de Vizcaya realizó compras de bienes y contratación de servicios por un importe total de 781.945 euros «prescindiendo del procedimiento abierto». Es decir, las adjudicaciones se hicieron sin permitir que hubiera competencia, directamente pilotadas por la voluntad política y dirigida específicamente a beneficiarios concretos.

Ese mismo año, siete entidades controladas igualmente por esta administración foral compraron energía eléctrica «sin respetar los principios de publicidad y concurrencia», un requisito esencial en la ley de contratos. De esa forma repartieron casi tres millones de euros. Y, también en 2016, la empresa pública Palacio Euskalduna S.A. prorrogó un contrato «excediendo el plazo máximo», lo que reportó al contratista un ingreso extra de medio millón de euros.

Casi 11 millones en 2017

En 2017, los auditores detectaron pagos irregulares en la Diputación de Vizcaya en otros 12 contratos, de nuevo con irregularidades muy similares –en algunos casos idénticas– que las que hallaron al revisar las cuentas de 2016. En 2017, las anomalías conllevaron el reparto de 10,85 millones de euros. La irregularidad más cuantiosa fue cometida por Azpiegiturak S.A., otra empresa pública de la diputación de Vizcaya, que adjudicó dos contratos para realización de obras de construcción por un total de 6,5 millones de euros «sin haber seguido las normas procedimentales y de publicidad de los contratos sujetos a regulación armonizada». Esto supuso una infracción del artículo 86.3 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

En el año 2018, las irregularidades alcanzaron a una decena de contratos, que sumaron 2,1 millones de euros. Y en 2019 una cifra similar: 12 expedientes viciados por irregularidades, por incumplimientos de la Ley de Contratos del Sector Público, que sumaron 2,28 millones de euros.

Irregularidades en 2020

Las últimas cuentas de esta diputación auditadas por el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas son las de 2020 –los auditores van con considerable retraso–. En su informe de fiscalización detectaron todavía más pagos irregulares en la Diputación de Vizcaya, y por mucho mayor importe: al menos diez expedientes, que sumaron un importe de conjunto de 17,86 millones de euros. Y el Covid no fue justificación para esas infracciones, según se desprende de dicho informe.

Así, en 2020 una de las entidades de la Diputación vizcaína «tramitó de emergencia el contrato de servicios de plazas sociosanitarias de una residencia por 1,1 millones de euros, que se ejecutó sin la orden de inicio del órgano de contratación competente». Asimismo, la Fundación Biscaytik formalizó por tres millones de euros un contrato de mantenimiento que «no fue adjudicado por el órgano de contratación competente».

También se prorrogó el servicio integral de gestión de cadáveres animales «sin una justificación razonada de la emergencia». Eso supuso un coste extra de 570.000 euros hasta que se adjudicó y entró en vigor el nuevo contrato.

Lo mismo ocurrió con el acuerdo marco del servicio de limpieza 2020-2022 de la Diputación de Vizcaya: en vez de licitar a tiempo un nuevo contrato, se alargó el anterior cuando ya se había extinguido, lo que reportó al antiguo adjudicatario unos ingresos extra de 5 millones de euros.

Asimismo, cuatro entidades controladas por esta diputación foral mantuvieron artificialmente en vigor «cinco contratos de servicios que habían vencido y no podían ser prorrogados», lo que supuso un desembolso de 1,2 millones de euros.